sábado, 24 de septiembre de 2022

Fallo sobre derecho a la verdad


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“La niña tiene una idea recurrente acerca de que S. reciba su merecido y actúe la justicia. Impresiona que la niña espera contar en forma externa representada en la figura de la justicia con la escucha, entendimiento, y validación de sus palabras…”

“Que si bien existe algún antecedente aislado de juicio por la verdad de derecho común, lo es con un imputado vivo; no con uno muerto.”

 

FALLO: Se llevara adelante un «Juicio por la verdad» encontrándose prescripta la acción penal a causa del fallecimiento del imputado y en virtud del interés superior del niño/a. P.Z.N.C s/ abuso sexual. Juzgado de Garantías N°2 de Mercedes, 12 de septiembre de 2022. Juez Interviniente: Dr. Facundo Olivia.

Por Erica Pérez*
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I.-  Resumen de los hechos:

Se presenta la progenitora M.L.P. con el patrocinio letrado de la Dra. Valeria S. Alcain, solicitando que ante el fallecimiento del imputado en estos actuados, se continúe con el procedimiento, en búsqueda de la verdad y la justicia que su hija merece como víctima de abuso sexual. Pero por sobre todas las cosas, en cumplimiento del deber de debida diligencia estricta que asumió el Estado Argentino en la ratificación de convenciones internacionales de incumbencia en la materia, requiriendo se encause el procedimiento en la prosecución de un «Juicio por la verdad».

Agrega que ello también corresponde por una cuestión de estricta justicia en virtud del interés superior del niño y merced a la demora del Estado en investigar con la debida diligencia y en cumplimiento de la garantía de tutela judicial efectiva. Concluye que a pesar de que la acción penal para perseguir penalmente y sancionar al autor del delito sea inútil en virtud de su fallecimiento, subsiste el derecho actual de la víctima a la determinación de la verdad en tanto puede asegurarse sin violentar las garantías del imputado sometido a proceso, a los fines de recibir una reparación simbólica ante todo lo que padeció, lo que deja solicitado.

  1. a) El Sr. Fiscal General a cargo de la U.F.I. interviniente contesta.

Corrida vista a la fiscalía interviniente, el Sr. Fiscal General Adjunto interinamente a cargo de la U.F.I. interviniente contestó que sin perjuicio del derecho que le asiste a la víctima en buscar la prosecución del llamado «juicio por la verdad”, teniendo en cuenta el deceso de S.P, corresponde se declare extinguida la acción penal y en consecuencia el sobreseimiento del imputado.

  1. b) La Asesoría de Incapaces.

La Titular de la Asesoría de Incapaces n° 1 Departamental, expresa que puede verse comprometido el derecho a ser oída de la niña víctima presunta de autos; basándose en lo concluido por la Lic. en Psicología, integrante del Cuerpo Técnico Auxiliar del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil, quien por la evaluación de la menor citó que «…C. expone su enojo para con su padre, vinculado a que no ha sido protegida, ni le ha creído. Incluso manifiesta querer cambiar su apellido. La niña tiene una idea recurrente acerca de que S. reciba su merecido y actúe la justicia. Impresiona que la niña espera contar en forma externa representada en la figura de la justicia con la escucha, entendimiento, y validación de sus palabras, que no habría recibido por parte de sus seres queridos y familiares. La connotación reparadora de la escucha judicial, en consonancia con el Derecho a ser oído, ha sido priorizada en la presente instancia pericial, procedimiento donde la niña ha podido desplegarse, tanto en el plano verbal como emocional. Impresiona que las consecuencias posibles de ser demarcadas responden en gran parte a su malestar por la falta de apoyo por parte de su padre, sumado a ofensa y desaprobación por las acciones que atribuye a S. Los dichos de la niña impresionan como propios, fueron presentados en términos acordes a su edad cronológica y a estilo comunicacional….»; señalando la Dra. que tal petición se encuentra avalada por numerosos antecedentes, más allá de la prescripción operada para poder ser juzgado penalmente (CCC 34071/2019/1/CNC1, Reg. 261/22 del 18/3/2022); y que en definitiva, en el caso particular de autos, adhiere a la petición formulada, en tanto considera que la misma tiende a garantizar adecuadamente el superior interés de la niña. (doct. arts. 3 de la C.I.D.N. y 3 Ley 26.061).

  1. c) El Sr. Defensor Particular del imputado.

El Sr. Defensor Particular del imputado, expresa en cuanto a que por fallecimiento del imputado su mandato como defensor ha cesado de pleno derecho y así técnicamente carece de personería para realizar su presentación. Señala que el Código Penal es claro en su artículo 59 inc. 1° en cuanto a que la acción penal se extingue por muerte del imputado; que la facultad de investigar penalmente a una persona por la posible comisión de un delito se agota con su muerte, explicándose ello, entre otras cosas, por el carácter subjetivo de la responsabilidad penal y no transmisible a los herederos del causante.

Que si bien existe algún antecedente aislado de juicio por la verdad de derecho común, lo es con un imputado vivo; no con uno muerto. Que la inviabilidad e improcedencia de lo peticionado se observa por la vía del absurdo, pues ¿quién se sentaría en el banquillo del acusado en ese juicio?; quien defendería al muerto -todo proceso penal es binario con víctima/victimario-?; ¿a quién se le cursarían las notificaciones?; ¿cómo se defendería el reo? Que el derecho a ser oído alegado podrá ser ejercido en otro fuero, pero no en el ámbito de un proceso penal culminado por una causa legal tan determinante como es la muerte del imputado. Concluye diciendo que no se entienda su presentación como un menosprecio al particular damnificado ni a su petición, pero debemos atenernos al imperio de la ley y solicita el rechazo de su petición

Fallo sobre derecho a la verdad

II.- El Marco Normativo Aplicable.

Que surge de los presentes actuados, que el hecho dispuesto a investigar, en lo que interesa en orden a lo planteado, trata de un eventual abuso sexual perpetrado por S.N.C.P. en perjuicio de C.C.P, nacida el X de X de X, nieta de quien era por entonces su pareja, , madre de F.C., padre de la menor, a raíz de la denuncia instando la acción penal que realizó la progenitora de esta última, M.L.P. , el pasado 27 de febrero del año, acompañando un informe de la Licenciada en Psicología N.C. en el que da cuenta de que trata a la menor y que esta le relató hechos de abuso por parte de la pareja de su abuela paterna.

Cabe señalar que, por lo demás, el Ministerio Público Fiscal no se opone a la petición formulada por quien pretende ser tenida como particular damnificada y respaldada por la Sra. Asesora de Incapaces, aunque sí lo hace la defensa. Así deben tenerse en cuenta las disposiciones del art. 3° del C.P.P. en cuanto a que la interpretación de toda disposición legal que restrinja los derechos de la persona deberá ser interpretada restrictivamente.

La obligación de los Estados de adecuar su normativa interna a los estándares interamericanos de derechos humanos con respecto a la CADH, se funda en particular en los artículos 1.1, 2 y 29 de dicha Convención.

De ahí también que se debe tener en cuenta en tal sentido el deber de investigar -en cabeza del Ministerio Público Fiscal que emana del art. 267 del C.P.P.- que tiene su razón de ser en el principio de legalidad del art. 18 de la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional (C.N. 75 inc. 22, art. 68 de la Convención Americana de Derechos Humanos)

En cuanto al principio del Interés Superior del Niño y la Tutela Judicial Efectiva, cabe recordar que su marco normativo esta dado por la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su Artículo 3.1, dispone que: «… En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño…», aprobada por la Argentina a través de la Ley 23.849 (sancionada el 27 de septiembre de 1990, promulgada de hecho el 16 de octubre, publicada B.O.: 22/10/90) y con jerarquía constitucional desde la reforma constitucional de 1994.

En cuanto al Derecho a ser Oído señaló que: «… La Convención sobre los Derechos del Niño dispone que los Estados partes tienen la obligación de garantizar al menor que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho a ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo, a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afectan y a que sea tenida debidamente en cuenta en función de su edad y madurez…» (C. 477. XLVII. RHE “C., H. D.”, 02/09/2014)

En cuanto al abuso sexual, que resulta ser una violación grave en perjuicio del menor, que surge del Art. 19.-1. de la Convención sobre los derechos del Niño. La CSJN, resolvió que: «…En una causa donde se investiga la comisión del delito de abuso sexual agravado en perjuicio de una menor cabe poner de relieve la doble condición de la niña, tanto de menor de edad como de mujer, que la vuelve particularmente vulnerable a la violencia…» (Fallos: 343:354).

Por su parte, en lo específico, también en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, se han resuelto casos en los que se dijo que: «…En el marco de una acción penal por abuso sexual en la cual la víctima, aun reconociendo extinguida la acción penal, peticiona la posibilidad de llevar de todos modos la causa a juicio, corresponde hacer efectivo el cumplimiento del proceso por la verdad, y garantizar el derecho a la verdad, habilitando la instancia jurisdiccional, toda vez que cuando el abuso se perpetra en seno familiar, supone la existencia de una víctima especialmente vulnerable que se encontraba en una absoluta imposibilidad de defenderse o de ser defendida por terceros, y con ello, tampoco pudo ejercer a tiempo ninguno de los derechos que la ley le otorga, de manera que una solución que armonice los derechos de ambas partes supone ratificar que no es posible derogar la prescripción o hacer caso omiso de la verificada en autos, y ello garantiza al imputado que no será penado porque la acción se encuentra extinguida; por otro lado, aunque no pueda perseguir la imposición de una pena, se debe garantizar a la víctima su acceso a la justicia a efectos de poder determinar la veracidad o no de su imputación, obteniendo de este modo una reparación moral y pública…». (Romero, Manuel s/ recurso de casación interpuesto por la particular damnificada. SENTENCIA 5 de Mayo de 2022 TRIBUNAL DE CASACION PENAL. LA PLATA, BUENOS AIRES Sala 03 Magistrados: Víctor Horacio Violini – Ricardo Borinsky – Daniel Carral. Id SAIJ: FA22010012 SUMARIO Fuente del sumario: SAIJ).

III.- Supuestos de Inoperancia del Estado en la Investigación.

En el caso aparecen supuestos de inoperancia del Estado en la investigación que se advierten en el hecho de que la denuncia que le diera inicio se efectuó con fecha 27 de febrero del año 2020 y hasta la fecha del fallecimiento del imputado ocurrida el 31 de marzo de 2022, más de dos años, sólo se notificó a P. de las garantías mínimas del imputado, se le realizó informe de los arts. 26 y 41 del C.P. , inspección ocular, foto y croquis, se agregó acta de nacimiento de la menor  y de su documento, informe de lo indicado por la Licenciada C. de quien la menor era paciente, oficio de la Coordinadora del Servicio Local de Chivilcoy en el que informa las intervenciones realizadas por el equipo técnico, aceptación del cargo de defensor del imputado, informe de la psicóloga del CAV de este Departamento Judicial, informe de la Perito Psicóloga del Cuerpo Técnico Auxiliar del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil Departamental, informe de la Jefe de la Asesoría Pericial de Mercedes, peritación socioambiental de la menor, peritaje psicológico del imputado, e informe de la evaluación realizada respecto de la niña C por parte de la Perito Psicóloga interviniente del Cuerpo Técnico Auxiliar del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil Departamental, sin perjuicio de la pandemia declarada, en virtud del largo y lento camino elegido para la tramitación del caso, durante el cual se produjo el deceso del imputado, con lo cual solicitó el fin de la investigación por sobreseimiento.

IV.- Se resuelve.

En consecuencia conforme el «control de convencionalidad» y en función de lo dicho, sin perjuicio de las diferencias fácticas con los precedentes invocados, me inclino por que sea en el fuero penal donde se concrete el juicio de conocimiento de la verdad histórica como ejecución del derecho a la tutela judicial efectiva y derivación natural hacia aquel especializado en el esclarecimiento de delitos, tal como se resolviera expresamente en uno de los casos citados por parte de un Tribunal de Alzada y tácitamente por parte del otro; máxime que ello sería sin violentar las garantías del imputado sometido a proceso.

Asimismo entiendo que así también lo es en función de la mayor amplitud que permite el proceso penal en orden al encuentro de la verdad históricamente ocurrida como se señalara más arriba; y que ello trasciende el conocimiento subjetivo de la propia víctima ya que se relaciona con el deber estatal de brindar una tutela judicial efectiva.

Y redondeando la respuesta a la defensa, sin perjuicio de que en su caso puede darse intervención al Defensor Departamental (conf. C.P.P. 92 y art. 32 y ccdtes. de la Ley de Ministerio Público), surge que ya así no se va a investigar penalmente al imputado, ni su responsabilidad en ese sentido; sino que en el ámbito penal en función del «control de convencionalidad», del Interés Superior del Niño y demás principios y parámetros referidos más arriba, se llevará adelante un «juicio por la verdad» en el sentido ya indicado, que de suyo va, debe ser conforme los principios de defensa en juicio de la persona y de los derechos, los cuales son inviolables conforme el C.N. 18; y por lo demás, como dijo el poeta Antonio Machado, «al andar se hace camino».

En suma, como se viera, la conflictiva de la menor no se ha solucionado, por lo que de acuerdo a todo lo expuesto y citas legales, resuelvo: I. Sobreseer a S.N.C.P. en los términos del C.P.P. 1, 321, 322, 323 inc. 1°, 324 y ccdtes., por hallarse extinguida la acción penal por muerte del nombrado, conforme lo dispuesto en el art. 59 inc. 1° del C.P., poniendo de resalto sin perjuicio de ello, que a la I.P.P. principal n° 09-00-3185- 20/00 se encuentra agregada de hecho la n° 09-00-15972-20, iniciada a partir de la denuncia radicada por F.V.S. el 16 de diciembre del año 2020, en relación a un presunto abuso sexual que habría sufrido como consecuencia del accionar del citado P. en oportunidad de ser atendida por el mismo en el Sanatorio X en su calidad médico de guardia, con intervención de otro Juzgado de Garantías, respecto de lo cual no surge que se hubiera efectuado solicitud alguna. II. Disponer la continuación de la instrucción en la modalidad “juicio por la verdad” bajo los principios y parámetros mencionados. III. Tener a M.L.P. como particular damnificada en representación de su hija menor C.C.P. con el patrocinio letrado de la Dra. Valeria S. Alcain (arts. 77, 78, 79 y ccdtes. del C.P.P.). Notifíquese y devuélvase la I.P.P. a la fiscalía interviniente para que se continúe la instrucción en los términos indicados.

V.- A modo de conclusión:

Se trata de un caso inédito en donde el imputado fallece prescribiendo la acción penal pero subsistiendo el derecho a un juicio por la determinación de la verdad. Para la niña en cuestión prima ser escuchada y que la justicia le otorgue esa validación de sus palabras, ese reconocimiento y legitimidad,  logrando así un efecto reparador.

La obligación de los Estados es la de adecuar su normativa interna a los estándares interamericanos de derechos humanos, preservando los derechos fundamentales consagrados en nuestra constitución.

Además de  considerar en sus actuaciones la doble condición de la niña menor de edad, mujer que la vuelve vulnerable a la violencia. El magistrado reconoce que en el proceso no se actuó con la debida diligencia exigible para estos casos, en donde se advierte la fecha de la denuncia realizada por la madre de la niña y el camino largo y lento elegido en donde fallece el imputado.

Resultando así el «Juicio por la verdad» una reparación simbólica que permite el esclarecimiento de los hechos y la individualización de los responsables.

(*) Abogada egresada de la UBA. https://blog-ericaperez.blogspot.com/

Comentario jurídico: Daños y perjuicios ante el femicidio de Carla Figueroa

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Comentario jurídico.

“Las manifestaciones de la víctima se limitaban a un mero asentimiento a las pretensiones del acusado, más cercanas a un contrato de adhesión, que a una manifestación convincente de querer verdaderamente un acuerdo…”

FALLO: Daños y perjuicios ante el femicidio de Carla Figueroa. Error sustancial al utilizar la figura ya derogada del “avenimiento” sin tener en cuenta el contexto de violencia existente y no haber analizado el instituto en el marco de los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional vinculados a la perspectiva de género y ley n° 26.485. «R. M. S. c/PROVINCIA DE LA PAMPA s/ORDINARIO», Expte. N° 100800, en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería n° 3 de la Primera Circunscripción Judicial, Santa Rosa, 28 de junio de 2022.

Por Erica Pérez*
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I.-  Resumen de los hechos:

Se presenta M. S. R., en su carácter de representante del menor de edad T. V. T., e inicia demanda de daños y perjuicios contra la Provincia de La Pampa, y/o quién resulte responsable, por los daños y perjuicios sufridos por el menor, que resulta ser la persona legitimada para iniciar el presente reclamo, por los daños sufridos y derivados del ejercicio irregular de las obligaciones legales que le están impuestas a los miembros del Tribunal de Impugnación Penal de la provincia de La Pampa (en adelante TIP), por haber otorgado el avenimiento solicitado a favor de M. T. Relata que la relación que mantenían los padres del menor de edad, hacía imposible el otorgamiento del instituto en cuestión entre la víctima y el imputado. Agrega que ambos tenían el mismo patrocinio letrado, es decir el abogado defensor del acusado; por lo cual C. no pudo tomar la decisión de manera libre y voluntaria, sino que lo hizo completamente influenciada.

II.- La actora expone los fundamentos:

La actora relata que T. insiste en mantener una conversación con C. en un lugar alejado, y aprovechándose mediante actos de violencia, la accede carnalmente e intenta matarla, intención que fue admitida por el mismo. Cansada de las agresiones que venía sufriendo, hace la denuncia; dando origen al expediente “Ministerio Público Fiscal c/ T., M. J. s/ abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma”.

Luego de lo sucedido la madre de T. se acerca a C. para que mantuviera contacto con el detenido, colocando como excusa a T.V.T., y así empieza a visitarlo en la cárcel. Con las visitas, comienzan las estrategias para lograr la libertad de T. el día 20.09.2011, de manera conjunta presentan un escrito únicamente con el patrocinio letrado del defensor del acusado, mediante el cual solicitan la aplicación del instituto del avenimiento. Denegado el avenimiento, recurrieron ante el TIP presentando recurso de impugnación, con el fin no sólo de probar una convivencia sino de casarse. Expresa que la intención de T. puede corroborarse de las actuaciones en la causa penal, y con el avenimiento buscó la libertad para concretar su deseo de matar a C.

Que el 28.11.2011 la pareja contrae matrimonio, únicamente ante los familiares de T., siendo las testigos su madre y su hermana, y que el día 02.12.2011 el TIP hace lugar al recurso de impugnación revocando el auto de la Audiencia de Juicio de Gral. Pico. Agrega, que otorgado el avenimiento, el imputado logró su libertad, y el día 10.12.2011 le causó la muerte a C. F.

Refiere que el error judicial quedó palmario en el fallo del Superior Tribunal de Justicia (en adelante STJ), al hacer lugar al Recuso de Casación contra la sentencia del TIP por errónea aplicación de la ley sustantiva del art. 75 inc. 22 y 24 CN, arts. 3, 5 inc. 2 y 3 y art. 28 ley 26485 y art. 76 bis CP (conf. arts. 419 inc. 1 y 2 del CPP).

Cita distintas partes del fallo y resalta, entre otras «…el Tribunal soslayó el informe pericial incluso el repentino cambio de opinión de la víctima, que pedía la condena por el ilícito cometido» «…el avenimiento es un instituto excepcional por su propia naturaleza, el que debe analizarse en el caso concreto» «Aquí la historia de violencia familiar de la víctima; la falta de contención institucional ante un hecho de violencia sexual, excluyen cualquier tipo de consideración que habilite la procedencia de un instituto de estas características».

Que en el considerando 9 de la sentencia del STJ, se determinó que no se habían observado los Tratado Internacionales con jerarquía constitucional vinculados a la perspectiva de género y la ley n° 26.485, adicionando la expresa remisión al art. 28 de la misma, que prohíbe todas las audiencias de conciliación o mediación, resultando inaplicable el avenimiento por tácita derogación, ante la sanción de la presente norma y por el marco referencial de violencia sexual y psicológica sufrida por la víctima.

Concluye que, determinado el error judicial por el STJ, al declarar la errónea aplicación de la ley sustantiva, resulta palmaria la responsabilidad del Estado Provincial ante el evento que causó la muerte de C. F., generando un daño irreparable a su pequeño hijo.

 Comentario jurídico: Daños y perjuicios ante el femicidio de Carla Figueroa

 

III.- Los puntos controvertidos:

Constituyen puntos controvertidos la prescripción de la acción, falta de legitimación, existencia de error judicial, y en su caso los rubros reclamados.

Prescripción de la acción

En el caso de autos, entiendo que el plazo prescriptivo debe computarse: o bien desde la fecha del fallecimiento de C. F. (10.12.2011), o subsidiariamente desde la fecha que adquirió firmeza la sentencia del STJ que revocara (en última instancia) la resolución del TIP (dicha sentencia se dictó el 24.07.2012, y de ahí computar diez días hábiles para la interposición del REF); en cualquiera de los dos supuestos, habiéndose iniciado este proceso el 10.12.2013, la acción resarcitoria promovida no estaba prescripta, por no haber transcurrido el plazo bianual del art. 4037 del CC aplicable al caso; por lo que se rechaza la defensa esgrimida.

Falta de legitimación:

Surge de la causa expuesta que a M. S. R. se le ha otorgado la adopción simple, ese carácter la habilita para reclamar ante los estrados judiciales la defensa de los derechos de T. V. T., por lo que se rechaza la excepción planteada.

Existencia de error judicial.

En la audiencia de avenimiento, el Ministerio Público Fiscal se expidió sobre el rechazo in limine del acuerdo presentado, oponiéndose al mismo, y en caso de aceptarse, consideró que se debía realizar una pericial psicológica a C. F., y una encuesta socio-ambiental; el 04.10.2011 los Jueces de Audiencia en Juicio lo rechazaron. Meritaron la impresión recibida del contacto personal con C. F., y que del informe pericial de la Lic. P. agregado, se colegía el colapso psicológico que le ocasionó a la víctima y cuyas secuelas la perturbaban, agregándose una precaria situación existencial.

Acotaron que «en una nada creíble voluntad libre e igualitaria de avenimiento, apreciable en la audiencia en las lacónicas respuestas dadas por C. F., alejando su cambio de parecer en las consecuencias negativas de un eventual encarcelamiento aparejará para el hijo de ambos…la audiencia permitió apreciar que las manifestaciones de la víctima se limitaban a un mero asentimiento a las pretensiones del acusado, más cercanas a un contrato de adhesión, que a una manifestación convincente de querer verdaderamente un acuerdo, en cuanto al consentimiento brindado libremente y en condición de igualdad, entiendo que el mismo no existió al momento de la formulación del pedido…También llama la atención del querellante quien no manifestó convalidar el pedido de su asistida ni estar de acuerdo con el mismo».

Se evidencia que el magistrado erró groseramente en la génesis del instituto, situándose en supuestas medidas de apoyo al grupo familiar, y no analizar adecuadamente las constancias de la causa (informes meritados por el órgano judicial anterior y por el Ministerio Público Fiscal), que ameritaban tener por no acreditado la voluntad libre para la figura del avenimiento respecto a C. F.

Ante la concesión del avenimiento (revocando la decisión de la resolución impugnada), se interpuso un nuevo planteo impugnatorio ante el STJ (Recurso Extraordinario Provincial interpuesto por el Ministerio Público Fiscal), cuando ya había acaecido el fallecimiento de C. F.; es así que el 24.07.2012, el STJ dictó sentencia revocando la resolución del TIP, en relación al instituto que estaba consagrado en el art. 132 seg. parte del CP (posteriormente derogado por ley 26.738), concluyendo en prieta síntesis que:

1) «nada garantiza la libertad de decisión de una víctima que puede estar fuertemente condicionada, la audiencia personal llevada a cabo por los integrantes de la Sala», acotando que la valoración del avenimiento se redujo a las apreciaciones del magistrado en la audiencia con la víctima, con un error de enfoque, parcializando el objeto de valoración al analizar si la propuesta fue efectuada libremente, siendo necesario apreciar otros elementos como el informe psicológico y propia historia familiar;

2) no haber evaluado que C. F. tenía una personalidad normal con características fóbicas y rasgos de indefensión y vulnerabilidad que limitaban su capacidad de decidir libremente;

3) no evaluó que en casos de víctimas de violencia debe apreciarse la intimidación o temor que se ejerce, el que quedó sembrado desde el momento del ataque y estuvo presente en cada acto que realizó incluso en la entrevista realizada (voz casi inaudible, respuestas breves);

4) haberse analizado incorrectamente el carácter excepcional del avenimiento por su propia naturaleza, teniendo en cuenta la historia de violencia familiar de la víctima, falta de contención institucional ante el hecho de violencia sexual;

5) no haber analizado el instituto del avenimiento en el marco de los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional vinculados a la perspectiva de género y ley n°26.485 (protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales), del que surge que se trata de un instituto inaplicable por su tácita derogación;

6) no haber atendido a la oposición del Ministerio Público Fiscal respecto a la concesión del avenimiento, en el marco de la Convención Belém do Pará (conf. art. 7 ley 24632);

7) no haber realizado una aplicación armónica del derecho vigente, conforme criterios de la CSJN.

El proceder judicial arriba referido, fue violatorio del derecho humano de C. F. de gozar de una adecuada tutela judicial efectiva protectora, frente a la situación de desigualdad en que se encontraba, y en lugar de nivelar con una tutela especial diferenciada por las circunstancias acreditadas del caso, el decisorio que revocó lo fallado por los jueces de Audiencia en Juicio y otorgó el avenimiento, desniveló la cuestión a favor del condenado T., quien logró su libertad efectiva, y terminó días después con la vida de la madre de su propio hijo (T. V. T.).

Es una obligación del funcionario público judicial, por mandato constitucional y convencional, juzgar con perspectiva de género. El art. 5 de la Convención de para Prevenir toda forma de Discriminación contra la Mujer, impone al Estado el deber de tomar medida apropiadas para modificar patrones socio-culturales de conductas entre hombres y mujeres en miras a alcanzar la eliminación de perjuicios y prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.

La recomendación general n° 19 del Comité CEDAW, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer es del año 1994, y goza de raigambre constitucional, demarcando el piso mínimo de protección; mientras que la ley n° 26.485 es del año 2009; todos estos instrumentos en una exigencia armoniosa de interpretación integral para los jueces, fueron palmariamente ignorados por Flores y Jensen al momento de tener que decidir sobre el instituto del avenimiento.

Ese proceder judicial del TIP, fue manifiestamente erróneo, discriminatorio, y desvió la solución del resultado al que jurídicamente debió arribarse, cual era confirmar el rechazo del avenimiento efectuado por el Juez de Audiencia de General Pico, constituyendo ese actuar, un acto ilegítimo de prestación del servicio de justicia (que fue revocado en la instancia superior cuando el daño ya estaba consumado).

De haberse ponderado adecuadamente la cuestión a partir de las constancias probatorias de la causa, y con un correcto y obligatorio abordaje interdisciplinario con perspectiva de género, los Sres. Jensen y Flores, hubieran advertido , que existían elementos objetivos (normativa nacional y supranacional) y también subjetivos (pruebas en la causa) que no habilitaban la decisión extrema y perjudicial adoptada, a tal punto que un día antes de presentado el recurso de impugnación contra dicha decisión, la víctima falleció en manos de quien días antes había salido en libertad por la decisión judicial erróneamente adoptada.

En consecuencia, concluyó que por la ilegítima y errónea prestación del servicio de justicia (vislumbrado en la actuación de los Sres. Jensen y Flores que firmaron el fallo del TIP que en mayoría concedió el avenimiento a T., debe responder objetiva y directamente el Estado Provincial de la Provincia de la Pampa, conf. art. 1112 del CC vigente a la época del dictado de la mentada resolución. Asimismo, recomiendo, en los términos del art. 1711 y CC del CCyC en carácter de mandato preventivo, al Poder Ejecutivo Provincial, como representante legal de las demandas de este tipo (a través del Procurador Provincial), para que en lo sucesivo, y en casos como el presente (donde se reclama indemnizaciones pecuniarias producto de error estatal y cuyas consecuencias derivaron en un femicidio en situación de violencia de género), acudir a herramientas jurídicas adecuadas a su alcance, para posibilitar en la medida de lo posible, una pronta solución del daño a sus hijos menores de edad, por existir normativa y jurisprudencia nacional e internacional que así lo impone.

RUBROS: he de expedirme sobre los rubros reclamados.

Lucro Cesante: La parte actora reclama el rubro fundado en el vínculo del menor con la víctima, habiéndolo privado de lo necesario para subsistir a causa del deceso de su madre, como también de aquellos mayores aportes que durante el transcurso de los años la misma le hubiese proporcionado, de acuerdo al incremento de sus necesidades relacionadas con alimentación, educación, esparcimiento, vivienda, etc.

Daño Extrapatrimonial: La parte actora (a través de su representante legal), refiere que ante el fallecimiento de la madre de V. ha de presumirse el rubro, aludiendo a la importancia de la figura materna, dejando su ausencia profundas marcas en la personalidad del menor.

IV.- Por todo lo expuesto:

FALLO. 1.- Rechazar las defensas de prescripción y falta de legitimación activa, imponiendo las costas al Estado Provincial perdidoso (art. 62 CPCC), regulando los honorarios…2.- Hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por M. S. R., en nombre y representación de T. V. T., condenando a la Provincia de La Pampa a que pague al primero la suma dispuesta en los considerandos, la que deberá ser abonada dentro del plazo dispuesto por la Ley n° 1745, conforme los fundamentos y aclaración (en cuanto al monto) allí vertidos. 3.- Imponer las costas por lo dispuesto en el punto 2 a la Provincia de La Pampa, regulándose los honorarios profesionales de los Dres…. Los honorarios deberán ser pagados dentro del plazo dispuesto en el punto 2. 4.- Recomendar en los términos del art. 1711 y CC del CCyC, en carácter de mandato preventivo, al Poder Ejecutivo Provincial, como representante legal de las demandas de este tipo (a través del Procurador Provincial), para que en lo sucesivo, y en casos como el presente (donde se reclama indemnizaciones pecuniarias producto de error estatal y cuyas consecuencias derivaron en un femicidio en situación de violencia de género), acudir a herramientas jurídicas adecuadas a su alcance, para posibilitar en la medida de lo posible, una pronta solución del daño a sus hijos menores de edad, por existir normativa y jurisprudencia nacional e internacional que así lo impone. 5.- Firme, procédase a la devolución de las causas requeridas add effectum videndi et probandi a los respectivos órganos donde se encuentren radicadas. 5.- REGISTRESE Y NOTIFIQUESE. Pedro A. CAMPOS Juez.-

 V.- A modo de conclusión:

El Femicidio de Carla Figueroa llevó a la modificación del Código Penal Argentino mediante la eliminación de la figura de avenimiento [1] (Ley 26.738). La misma había realizado denuncias contra Marcelo Tomaselli, el cual la asesinó delante de su pequeño hijo. Quien por medio de la representación de su tía se presenta, demandando la reparación de daños y perjuicios, por el femicidio de su madre, logrando que se reconozca que se actuó sin tener en cuenta el contexto de violencia previo y la Normativa Nacional e Internacional vigente para adecuarse a la figura por la cual se le otorgó la libertad a su progenitor.

En cuanto al consentimiento la misma firmó como dice el fallo analizado, un contrato de adhesión, pues no se encontraba en condiciones, tampoco en plano de igualdad para convenir o consentir un acuerdo y menos cuando la ley lo prohíbe.

Que de haberse considerado su vulnerabilidad en la toma de medidas de protección, la decisión sería completamente distinta y la realidad también. El Femicidio no termina con la muerte de la mujer sino que trasciende en el dolor de los familiares e hijos/as haciéndolos víctimas directas o colaterales del mismo. Esta ley no es la única que surgió, lo hicieron otras tantas como la (Ley brisa 27.452, “Ley Micaela” 27.499, Ley “Carolina Alo” 15.246, Ley “Mica Ortega” de Grooming 27590)[2] en cuanto a esto debemos aclarar que las medidas de protección y de prevención deben ser aplicadas antes que el código penal. Las leyes deben pensarse para prevenir. Los observatorios que llevan las cifras, estiman que al menos 300 niños habrían quedado huérfanos en 2020, 128 [3] en 2021 y en lo que llevamos del año 2022 ascenderían a 174 Niños/as. [4] Muchos de ellos no solo perdieron a sus madres, sino que también fueron testigos del crimen siendo así las víctimas olvidadas de los Feminicidios.

 Referencias bibliográficas

[1] El Art. 132 del Código Penal que mantenía la Figura del Avenimiento, por la cual una mujer víctima de violación podía, mediante el casamiento con su agresor, relevar a éste de la pena de ese delito fue derogado por la Ley 26.738 del 21 de marzo de 2012.   Dicha figura representaba un anacronismo en la legislación argentina que respondía a una concepción inaceptable y patriarcal del rol de la mujer en la sociedad. De esta manera, Argentina dio cumplimiento a las recomendaciones a este respecto tanto de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará) como de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). ONU MUJERES.

[2]https://diariofemenino.com.ar/df/femicidios-nos-estan-matando-informe-2020-2021/

[3] https://www.ahoraquesinosven.com.ar/reports/176-femicidios-en-2021

[4] http://observatorioluciaperez.org/

(*) Abogada egresada de la UBA. https://blog-ericaperez.blogspot.com/

martes, 30 de agosto de 2022

La denuncia de impedimento de contacto, frente al contexto de violencia previo

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FALLO: La denuncia de impedimento de contacto, frente al contexto de violencia previo. “Se consideró que la madre actuó de la única manera que pudo para preservar la integridad psicofísica de los pequeños”. L.T.G. Impedimento de Contacto Ley 24.270. Juzgado de Garantías N°6. Lomas de Zamora, 11 de agosto de 2022. Jueza Interviniente: Laura Verónica Ninni.

Por Erica Pérez*
Solicitar fallo completo en los comentarios de esta publicación.

La denuncia de impedimento de contacto, frente al contexto de violencia previo
La denuncia de impedimento de contacto, frente al contexto de violencia previo

I.-  Resumen de los hechos.

Se denunció a la progenitora G. por obstruir el vínculo de los niños con el progenitor no conviviente y que dicha conducta se mantenía en la actualidad. El agente fiscal solicita la elevación a juicio por encontrar a G. penalmente responsable del delito de infracción a la ley 24.270. La defensa se opuso e instó su sobreseimiento, argumentando fundamentalmente que se ha investigado sin perspectiva de género y sin haberse tenido en cuenta las denuncias anteriores efectuadas por su defendida contra H.

II.- La situación procesal de G.

Es necesario hacer una reseña de los antecedentes del caso a fin de lograr una mayor comprensión. El 11 de abril de 2020, es decir varios meses antes del inicio de la presente, la imputada radicó la denuncia que originará la IPP. en la cual interviene el juzgado de Garantías N°5 y se encuentra en pleno trámite. Allí relató diversos hechos de violencia que protagonizó H. hacia ella y sus hijos menores de edad.

Luego en sede judicial G. ratificó dicha denuncia y agregó que comenzó a notar comportamientos de diversas expresiones de tipo sexual por parte del progenitor. También expuso haber sufrido violencia psíquica, económica y moral por parte de H. lo que motivó su separación.

En el marco del expediente del juzgado de Familia N°7, las partes involucradas “acordaron” (el entrecomillado responde a que la aquí imputada G. compareció a dicha audiencia sin patrocinio letrado, tal como surge del acta labrada al efecto) ante la consejera de Familia, fijándose un régimen de comunicación paterno filial provisorio, consistente en que los niños serian retirados del domicilio materno.

Asimismo y atento al perímetro de exclusión fijado previamente para con H. por la propia justicia de familia, así como la reticencia de G. a que el contacto se desarrolle sin la presencia de otros terceros adultos (tal como surge de la mentada acta), se estableció que dicho régimen se llevaría a cabo con la colaboración de los tíos y abuelos paternos quienes pasarían a su domicilio a retirar a los niños.

El 1 de octubre H. efectuó la primera denuncia contra G. por infracción a la ley 24.270. Luego el 10 de noviembre de 2020, H. realizó una nueva denuncia contra G. que originó la presente causa.

Paralelamente en la IPP en la que H. es imputado y G. denunciante, el 10 de enero de 2022, el juez de Garantías allí interviniente, dispuso con fundamento en la denuncia y un video presentado por G. en donde se visualiza parte de las situaciones narradas. La prohibición de acercamiento de H. a menos de 200 metros de la Sra. G. y de sus hijos, debiendo abstenerse de mantener todo tipo de contacto con ella y su núcleo familiar … por el tiempo que dure el proceso…al tiempo que se realizó una entrevista bajo la modalidad de Cámara Gesell para con los menores involucrados.

II.- El contexto de violencia previo como prisma en las actuaciones de la progenitora.

Con todo lo hasta aquí explicado, nos encontramos hoy frente a una requisitoria fiscal de elevación a juicio en la presente causa por el delito de impedimento de contacto, a la que entiendo no puede corresponderle otra resolución que no sea el sobreseimiento de G. como lo ha solicitado su defensa.

Es que estoy persuadida de que en el contexto descrito renglones arriba, una decisión diferente a la desvinculación de la nombrada en el expediente, sería prácticamente un acto de violencia institucional contra esa mujer.

Los jueces debemos ponderar al resolver las cuestiones que nos son sometidas a jurisdicción, las consecuencias que pueden tener, pues ellas podrían influir directamente en la protección de la mujer y de los niños o niñas.

Así, es de suma importancia tener presente que la obligación estatal importa en los casos donde la cuestión de género es evidente, el deber de ampliar el prisma y reconocer si se trata de una problemática que, por su transversalidad, se cristaliza de diversas formas y que debe ser seriamente analizada en los supuestos en que se invoque, incluso cuando sea, como en el subexamine, a modo de hipótesis defensiva, de lo contrario, podría configurarse aquí un contexto de violencia desatendido.

Es por eso que la negativa de la imputada de entregar a sus hijos menores al denunciante aquel día, no puede ser analizada de manera aislada como tampoco pueden ser tomados de manera tangencial los actos de violencia que protagonizara

el incuso y que fueron por aquella denunciados, pues todo ello forma parte del contexto descripto en el cual, frente a la falta de respuesta oportuna de la justicia, la madre actuó de la única manera que pudo para preservar la integridad psicofísica de los pequeños. No puede soslayarse que eso mismo fue lo que luego se pretendió resguardar con la manda judicial dictada en el mentado expediente que le prohibía a H. acercarse tanto a G. como a los niños, aunque dicho decisorio conforme lo hiciera saber la propia defensa fuera revocado por la sala II de la Excma. Cámara del fuero.

En tal sentido, notese que como se explico en renglones arriba, fue la imputada quien recurrió a la justicia en primer término a denunciar los hechos que derivaron en el informe psicológico citado precedentemente y en la imposición tanto en sede civil, como en sede penal, de sendas restricciones de acercamiento respecto de H., tanto hacia ella como hacia los hijos de ambos.

Insisto entonces en que la conducta desplegada por G. al momento de negarse a entregar a sus hijos menores de edad al denunciante, aconsejada incluso para así hacerlo -según explicó en su descargo – por su letrada y por su terapeuta que estaba enterados de lo que sucedía, necesariamente debe merituarse desde una perspectiva más amplia, teniendo en consideración también su contexto.

Por todo lo expuesto hasta aquí, entiendo que el hecho atribuido a G. en el contexto reseñado, no puede constituir el delito en estudio.

Corresponde entonces resolver como lo peticiona la defensa, en virtud de los normado por el inciso tercero del artículo 323 del código de rito.

Por lo que Resuelvo

NO HACER LUGAR al requerimiento de la elevación a juicio impetrado por el agente Fiscal interviniente.

SOBRESEER a G., de las demás condiciones personales de autos, en orden al hecho por el cual fuera formalmente imputada (Arts. 323 inciso tercero del C.P.P)

Regístrese Y Notifíquese.

IV.- Conclusiones:

La ley 24.270 sancionada en 1993, introdujo el delito de impedimento de contacto de hijos menores de edad con sus padres no convivientes. La crítica se sitúa en la no adecuada intervención de un derecho penal, para el tratamiento de cuestiones relacionadas al ámbito de familia, siendo estos juzgados por el principio de especialidad los más adecuados para el abordaje interdisciplinario de dichos conflictos. Es claro que cuando se presenta una denuncia de este tipo, el proceso ya se encuentra judicializado y también hay jurisprudencia que muestra el contexto de violencia previo existente, que en algunos casos motivó a la suspensión del régimen de comunicación a los fines de preservar física y psicológicamente a niñas y niños.

Que  la sanción penal establecida va contra el derecho que intentan preservar, en cuanto separa a uno de los progenitores del niño, niña o adolescente. [1]

La perspectiva de género en todos los ámbitos judiciales resulta fundamental para poder ampliar la mirada al contexto previo y visualizar la afectación de derechos basados en la desigualdades existentes, siendo que llevar al ámbito penal cuestiones atravesadas por violencia, sin considerarlas perpetúan la misma.

Referencias bibliográficas
[1]https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2021/04/doctrina89057.pdf

(*) Abogada egresada de la UBA. https://blog-ericaperez.blogspot.com/

jueves, 25 de agosto de 2022

FALLO: Deberá realizar tareas comunitarias por su condición de deudor alimentario

 

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Tareas comunitarias por su condición de deudor alimentario

“E.D.M. C/ R.D. S/ INCIDENTE DE AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA” Expte. Nº: 61820. Chivilcoy, 22 de Agosto de 2022. Juez interviniente: BANCHERO Eduardo Javier María.

Por Erica Pérez*
Descargar: fallo completo

 I.- Resumen de los hechos.

En un nuevo fallo de la Dra. Valeria Alcaín, se contemplaron medidas para repeler el incumplimiento del deudor alimentario, entre ellas la inhabilitación para conducir todo tipo de vehículos y la obligación de realizar tareas comunitarias. Además de intimar al empleador quien deberá dar cumplimiento bajo apercibimiento de hacer efectiva su responsabilidad.

FALLO: Deberá realizar tareas comunitarias por su condición de deudor alimentario
FALLO: Deberá realizar tareas comunitarias por su condición de deudor alimentario

 II.- Se resuelve.

“Atento lo solicitado, hácese efectivo el apercibimiento contenido en la resolución de fecha 23-2-2022 y notificado electrónicamente en la misma fecha y, en consecuencia, dispónese la inhabilitación del demandado para conducir todo tipo de vehículos, y la imposición al mismo de la obligación de realizar tareas comunitarias por espacio de veinte (20) horas reloj durante un mes las que deberán cumplirse en beneficio de la la Municipalidad de Chivilcoy, a cuyos efectos ofíciese a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y al ente municipal local para la toma de razón de las medidas dispuestas, haciéndole saber a este último que deberá monitorear el cumplimiento de las tareas comunitarias ordenadas, la puntualidad y asistencia a las mismas por parte del Sr. R, e informar a este Juzgado inmediatamente de concluidas a los fines de evaluar su continuidad o suspensión.  Sin su perjuicio y atento lo solicitado, líbrese nuevo oficio a la empleadora, haciéndosele saber que deberá dar cumplimiento a la retención ordenada, así como contestar el requerimiento judicial dentro del plazo de cinco días hábiles de recibido el mismo, bajo apercibimiento de hacer efectiva su responsabilidad de acuerdo a las sanciones previstas en los artículos 551 y 804 (astreintes) del C. Civil y Comercial y art. 37 del CPCC, los que se transcribirán en el mismo, sin perjuicio de dar intervención a la justicia penal por el delito de desobediencia (art. 239 CP).”

Conclusiones:

Muy destacable la labor de la Dra. Valeria Alcaín, en la utilización de astreintes para repeler el incumplimiento de la manda judicial, logrando restaurar de alguna manera derechos vulnerados. Es sabido que las deudas alimentarias perjudican el patrimonio de quien debe cubrir de forma unilateral los gastos, además de las tareas de cuidado no valoradas incidiendo esto negativamente, en el bienestar de los niños quien deberían transcurrir su niñez con la mayor satisfacción posible.

(*) Abogada egresada de la UBA. https://blog-ericaperez.blogspot.com/

viernes, 19 de agosto de 2022

Retención de cuota alimentaria mediante cuenta DNI

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 “G.R.L. C/ M.M.A. S/ALIMENTOS” Expte. N°: 68412. Chivilcoy, 1 de julio de 2022.

Por Erica Pérez*
Descargar: fallo completo

I.- Resumen de los hechos:

Que conociendo que el demandado trabaja con cuenta DNI (billetera virtual de habitual uso social), solicito se trabe embargo sobre los fondos que la misma posea a los fines de asegurar el pago de alimentos atrasados y futuros.

En virtud de la gravedad de los hechos denunciados en el marco del Expte de violencia familiar que tramita ante el mismo Juzgado entre las partes y siendo que el demandado no se presentó a estar a derecho en ninguna de las acciones iniciadas, encontrándose debidamente notificado conforme surge del acta de notificación con fecha 21 de Marzo de 2022, como así tampoco se encuentra abonando la cuota de alimentos provisoria fijada en autos mediante resolución interlocutoria de fecha 23 de Febrero, ni designó letrado allí, sumado a los hechos de daños y desobediencia que dieron lugar a sendas denuncias penales, y existiendo también una medida de restricción vigente con respecto a nuestra hija, solicito que se dicte de forma inmediata la retención directa de la cuota fijada en autos en la cuenta DNI que el actor posee con el Número XXX, del Banco de la Pcia. De Bs. As- librándose oficio con la orden del caso para tal fin.

II.- La Dra. Valeria Alcaín, realiza un recorrido sobre Cuenta DNI y concluye:

A dos años de su relanzamiento, la billetera digital gratuita de Banco Provincia ya incorporó 5 millones de personas usuarias, la mitad de ellas en el rango de los 18 a los 35 años. De acuerdo con un relevamiento de uso que realizó la entidad, entre enero de 2021 y abril de 2022 se realizaron más de 58 millones, entre compras, recargas y pagos. El 75% de estas operaciones fueron consumos en comercios y supermercados por un monto superior a los 77.500 millones.

“Cuenta DNI demostró ser una herramienta de inclusión financiera innovadora y versátil, que les permitió a personas de toda la provincia abrir una caja de ahorro desde su casa, pagar con el celular sin manipular efectivo o tarjetas, acceder a descuentos y operar con Banco Provincia de forma fácil e intuitiva.” [1]

Por lo que no puede negarse que al ser una herramienta de circulación de fondos muy utilizada, debe ser susceptible de ser embargada por acreedores, sobre todo en cuestiones alimentarias.

III.- Se resuelve:

Sin perjuicio de la intimación efectuada, y atendiendo a la naturaleza alimentaria de los derechos en juego, decretase embargo sobre los fondos presentes y futuros que el demandado posea en la aplicación cuenta DNI del Banco de la Provincia de Buenos Aires, librándose oficio a dicha entidad para que mensualmente retenga la suma fijada en concepto de alimentos provisorios y la deposite del uno al diez de cada mes en la cuenta de autos. Oportunamente cúmplase con la notificación dispuesta en el art.198 del CPC.- FDO. EDUARDO J. M. BANCHERO. JUEZ.

Retención de cuota alimentaria mediante cuenta DNI
Retención de cuota alimentaria mediante cuenta DNI

IV.- Conclusiones:

Conforme manda el art. 553 CCCN, el juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia. Muy destacado el ingenio de la colega Valeria Alcaín ante la eventualidad del incumplimiento deliberado del alimentante, en observar una forma innovadora y en el magistrado en contemplar la misma, a los fines de poder hacer efectiva la prestación.

No es la primera vez que Valeria logra un fallo destacado en materia de deudores alimentarios. En otra ocasión y en este mismo juzgado, se resolvió que la “Empresa distribuidora EDEN actué como agente de retención directa de la cuota alimentaria sic “ofíciese a la empresa distribuidora de energía local «EDEN S.A.» a efecto de que agregue en la liquidación mensual del medidor que corresponda al demandado el monto de cuota alimentaria provisoria fijado en la resolución de fecha 2/05/2019 y una vez percibido el mismo, deposite las sumas respectivas en la cuenta de autos. Fdo. Eduardo J.M. Banchero- Juez”[2].

En consecuencia el incumplimiento del progenitor al pago de la cuota alimentaria compromete: 1) el derecho de los hijos a un nivel de vida adecuado (art. 27, Convención sobre los Derechos del Niño); 2) el interés superior del niño, niña o adolescente (art. 3 de la CDN): “Ser superior es precisamente eso: en el conflicto, priorizar el interés del niño por encima de otros titularizados por personas que destrozan los derechos de la persona vulnerable mediante el incumplimiento de concretas prestaciones a su cargo”.[3]

Referencias bibliográficas:

[1] https://www.bancoprovincia.com.ar/Noticias/MasNoticias/cuenta-dni-supero-los-5-millones-de-personas-usuarias-895#:~:text=%E2%80%9CCuenta%20DNI%20demostr%C3%B3%

[2] https://diariofemenino.com.ar/df/fallo-se-cobrara-la-cuota-alimentaria-en-la-factura-de-la-luz/

[3] (Kemelmajer de Carlucci, Aída, “Comisión N° 3. Derecho Procesal de Familia. Principios procesales. Informe de la parte especial”, Asociación Argentina de Derecho Procesal, www.aadproc.org.ar, p. 3, con cita de Peyrano).“R., A. V. c/ A., A. L. Régimen de visita/alimentos -contencioso.” Año 2016.

 

(*) Abogada egresada de la UBA. https://blog-ericaperez.blogspot.com/

Fallo sobre derecho a la verdad

“La niña tiene una idea recurrente acerca de que S. reciba su merecido y actúe la justicia. Impresiona que la niña espera contar en forma ...