Reconocimiento de las tareas de cuidado

 

Del Amor al Reconocimiento Legal: el rol del trabajo de cuidados

por Erica Pérez* y Josefina Paz Gaskín**

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Al inicio del mes de marzo tuvo lugar el fallo del Juez Marcelo Quaglia, a cargo del Juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial N°14 de la ciudad de Rosario, donde se reconoce en una instancia judicial el rol y la importancia del trabajo de cuidados no remunerado.

 

La forma en que se articula la ciudadanía está pensada bajo dos actividades esenciales, el trabajo productivo (mediante el cual se producen los bienes y la riqueza social) y los cuidados.  Desde una perspectiva ampliada, se puede entender a los cuidados como el conjunto de actividades indispensables para satisfacer las necesidades básicas de la existencia y reproducción de las personas, brindándoles los elementos físicos y simbólicos que les permiten vivir en sociedad.  Incluye el autocuidado, el cuidado directo de otras personas (la actividad interpersonal de cuidado), la provisión de las precondiciones en que se realiza el cuidado (la limpieza de la casa, la compra y preparación de alimentos, etc.) y la gestión del cuidado (coordinar horarios, realizar traslados, supervisar el trabajo de la cuidadora remunerada, entre otros). Deben llevarse a cabo todos los días a lo largo de la vida de las personas, involucran esfuerzo, desgaste de energía y tiempo y  generan valor para la sociedad en su conjunto por lo cual  también deberían ser considerados un trabajo.

 

Pese a esto,  no son tratados como un asunto público y colectivo, sino algo que se relega al ámbito privado-doméstico. De esta manera, la sociedad capitalista contemporánea omite tanto las necesidades como las responsabilidades de cuidados de las personas creyendo que se tratan de sujetos autosuficientes que resurgen cada día con sus necesidades plenamente satisfechas. Mientras que los cuidados muestran que la vida es una realidad de interdependencia que, hoy por hoy, se resuelve en términos inequitativos.

 

Estos desequilibrios se manifiestan en la distribución desigual de responsabilidades entre hombres y mujeres. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el año 2018, a nivel mundial las mujeres realizan el 76,2% de todo el trabajo de cuidados no remunerado, dedicándole 3,2 veces más tiempo que los hombres. En Argentina, para el año 2013 la tasa de participación de hombre y mujeres en el trabajo doméstico no remunerado fue 57,9% y 88,9%, respectivamente, mientras que el tiempo promedio diario dedicado a actividades que componen el trabajo doméstico no remunerado fue de 3,4 y 6,4 horas diarias, acentuándose está dinámica en el grupo etario de 30 a 59 años. Los datos de la “Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo”, implementada como módulo de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) en el año 2013, muestran que la brecha en el tiempo destinado a tareas de cuidado entre varones y mujeres no se ve afectada por la participación en el mercado laboral de las personas. Los varones destinan la misma cantidad de horas estén o no ocupados, mientras que las mujeres aumentan el tiempo destinado a los cuidados cuando no están ocupadas.

 

La presencia de estos desequilibrios en la asignación de las tareas de cuidados no solo genera desigualdad intrafamiliar, sino que principalmente priva a las mujeres de oportunidades económicas, profundizando las brechas de ingreso y generando al mismo tiempo un costo social cuyas implicancias repercuten sobre el producto de una economía.

 

En este marco, tuvo lugar el citado fallo donde se reconoció el valor económico de los quehaceres domésticos por parte de la Justicia, fundado “desde una perspectiva de género y en clave de derechos humanos” según señaló el Juez a cargo de la causa.

 

I.- RESUMEN DE LOS HECHOS

 

Una mujer convive con su pareja durante siete años, donde se realizan aportes económicos de ambas partes, tanto en la compra de un automóvil, como en la construcción y reparación de la vivienda. La misma desempeña las tareas del hogar permitiendo así el crecimiento económico de la pareja. Luego de la separación reclama extrajudicialmente el aporte realizado no estableciendo acuerdo, realiza el reclamo judicial. Por lo que resulta compensada con el 25% del valor del inmueble y del vehículo con titularidad de su ex pareja.

 

II.- PERSPECTIVA DE GÉNERO

 

El Juez establece los parámetros esenciales a seguir en estos casos desde la perspectiva de género y los Derechos Humanos. En efecto, existe un imperativo constitucional y supranacional que demanda hacer efectiva la igualdad que las normas pregonan (arg. arts. 1, 2 y 3 CCyC), existiendo patrones socioculturales que imponen considerar especialmente las circunstancias del caso, donde no se definen los derechos de, por ejemplo, dos empresas.[1]

 

La perspectiva de género se evidencia como una herramienta esencial para eliminar desigualdades creadas a partir de condiciones sociales, culturales, políticas, económicas y jurídicas, históricamente creadas a partir del sexo biológico. Constituye una de las medidas especiales destinadas a eliminar la desigualdad fáctica entre hombres y mujeres, a los fines de garantizar una igualdad real por sobre la meramente formal (art. 4.1, Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -CEDAW-), y «modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de superioridad o inferioridad de cualquiera de los sexos, o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres» (art. 5.a, CEDAW).

 

Explica el magistrado que uno de los efectos concretos y palpables de dicha perspectiva es el de morigerar las cargas probatorias, pesando sobre el demandado la acreditación de las razones que imponen la exclusión económica de la conviviente, se exige un brío mayor en quien no se presenta como vulnerable dentro de la relación.

 

III.- DIVISIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS

 

El art. 528 CCyC dispone que a falta de pacto los bienes adquiridos durante la convivencia se mantienen en el patrimonio al que ingresaron. En este caso, los ex convivientes no registraron su unión, no celebraron pacto de convivencia, razones por las cuales los bienes ingresados al patrimonio del demandado, aun cuando fueran adquiridos durante la vigencia de la unión, permanecen en el mismo.

 

De esta manera, el magistrado concluye en que la norma no es absoluta y que se admite la posibilidad de recurrir a diferentes acciones de derecho común (enriquecimiento sin causa) para que la realidad económica de esa unión y de los bienes no sea ignorada.

 

IV.- COMPENSACIÓN ECONÓMICA

 

Vencido o no el plazo de caducidad que establece la norma para su reclamo, el juez consideró que no estaban dados los presupuestos sustanciales de procedencia de la compensación económica de los términos del art. 524 CCyC. Además de no haberse acreditado que la actora haya padecido renunciamientos, postergaciones o sacrificios en beneficio del demandado, o que no haya podido hacer realidad legítimas expectativas laborales o profesionales en razón de la unión convivencial. No se ha acreditado entonces que el proyecto laboral de alguna de las partes se haya visto alterado por la unión y su ruptura, ni se ha configurado el requisito de desequilibrio económico manifiesto que demanda la norma.

 

V.- ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA

 

Corresponde determinar la procedencia del reclamo fundado en el enriquecimiento sin causa que habría beneficiado al demandado. No cabe duda alguna que la actora realizó aportes concretos y directos en las tareas de reparación, acondicionamiento y mejora del inmueble. Además de la prestación en aportes económicos indirectos a partir de las tareas que desarrollaba en el hogar y el trabajo en el negocio de su padre.

 

“El trabajo no remunerado es esencial para que cada día se reproduzca la fuerza de trabajo, sin la cual el sistema no puede subsistir. Es decir, el funcionamiento económico se recuesta en la existencia de ese trabajo, que como muestran múltiples encuestas, está muy mal distribuido entre varones y mujeres. Esta situación, además de ser injusta, implica una serie de desventajas a la hora de la participación económica de las mujeres, y explica la persistencia de la desigualdad económica del género. Se lo llama técnicamente trabajo de reproducción. La reproducción humana ha sido y es realizada por la mujer, lo que permite la supervivencia de individuos y sociedades» [.] «También se utiliza el término trabajo de la reproducción en lugar de trabajo doméstico, por considerarse que la denominación tiene un alcance mayor al atribuido habitualmente a este último tipo de tareas. Así, puede afirmarse que el escenario de la actividad de reproducción es el hogar y la familia, por lo cual también se lo llama trabajo de cuidado” cita a HIGHTON de NOLASCO, Elena I. ; “Una etapa histórica: la mujer en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación”, La Ley 2015-D, pág. 6.

 

Las tareas vinculadas a los denominados “quehaceres del hogar”, tienen un valor económico, que debe ser reconocido de manera efectiva y palpable. Naturalmente los aportes aliviaban proporcionalmente al demandado quien podía destinar el dinero a la construcción de la casa que finalmente quedó en su patrimonio y hoy posee y/o a mejorar el vehículo que poseía.

 

Dicho enriquecimiento se vincula claramente con el empobrecimiento padecido por la actora la que si bien no sufrió el desplazamiento de un bien de su patrimonio hacia el del demandado o el de un tercero, sufrió la pérdida de una expectativa de las ventajas o ganancias que sería principalmente el hogar propio. Para resarcir el empobrecimiento de la ex pareja se fijó un monto equivalente al veinticinco (25%) del valor actual tanto del inmueble como del vehículo.

 

VI.- CONCLUSIONES FINALES

 

A más de 5 años de la entrada en vigencia del Nuevo Código Civil y Comercial, podemos decir que las reformas que se han incorporado destinadas a las realidades sociales y familiares son relevantes. Eso que llaman amor es trabajo no pago, es breve pero muy claro, las tareas de cuidado se invisibilizan como gestos de afecto ejecutados siempre por personas estereotipadas bajo el manto de la empatía, la entrega, el sacrificio, las mujeres que realizamos tareas de cuidado no somos reconocidas como trabajadoras. El art. 660 del nuevo Código profundiza dos cuestiones importantes, que el cuidado personal y la atención cotidiana de los hijos tienen valor económico en sí y que esas tareas de crianza deben ser consideradas como un aporte alimentario para el hijo cuando los progenitores ya no conviven.

 

Quien asume esas tareas ve disminuidas sus oportunidades para la inserción en el mundo laboral, profesional, social. Toma relevancia entonces el factor tiempo, su importancia que se traduce en valor económico, el tiempo que demanda poder cumplir con esas tareas de atención en una sociedad como la nuestra, sabemos que tiene un valor pocas veces reconocido.

 

La novedad en este fallo es poder extender esta obligación fuera de la responsabilidad parental, ya que la mujer que desempeñó las tareas de cuidado benefició de cierta forma a su pareja, quien contaba con la comodidad de poder dedicarse solo a su trabajo y así crecer en ese ámbito. Compartir un proyecto de vida en común supone que ambos, como en este caso, se complementan para su mutuo crecimiento con aportes acorde a sus ingresos y alcances. En una sociedad cambiante, donde antes de la reforma de nuestro código no se reconocían derechos a las uniones de hecho o uniones convivenciales, llamadas así luego de la reforma, no formalizar el vínculo no puede representar desconocer la existencia de esa unión. En donde transcurrido el tiempo se realizaron negocios, se formalizaron transacciones, que como todo trae con sí derechos y obligaciones. La pareja que sale desfavorecida de dicha unión merece ser protegida, la transversalidad de la perspectiva de género y el instituto del enriquecimiento sin causa, de cierto modo vienen a subsanar lo que el derecho de familia no pudo en este caso, he aquí un derecho comprometido más allá de los límites de la unión convivencial, existe un derecho que debe ser protegido y estas son las relaciones de desigualdad generadas. Como por ejemplo, un fallo de Villa María, Córdoba que consideró violencia económica patrimonial hacia la mujer, que el demandado sea quien determine toda la titularidad de los bienes en su nombre y ello fuera una clara exteriorización de violencia económica patrimonial que no debe ser tolerada.[2]

 

Por otro lado según los nuevos tiempos las relaciones se dan en base “al amor líquido” como asegura Zygmunt Bauman, son relaciones libres de ataduras, una nueva forma de consumo acorde a los cambios sociales, por ello las leyes van acompañando este cambio en donde para algunas parejas no resulta necesario amparar su vínculo jurídicamente.

 

REFLEXIÓN DE MARÍA BELÉN MARZETTI***

 

Las uniones convivenciales fueron, durante muchos años, escenarios de grandes injusticias.

 

La mujer que se desempeñaba durante la misma realizando tareas domésticas y de organización del hogar, le permitía a su pareja trabajar con tranquilidad e incrementar su patrimonio a través de la adquisición de bienes. Pero lamentablemente, al cesar la relación, ningún derecho tenía sobre los mismos, quedando de este modo en un estado de desventaja y desprotección.

 

El Código Civil y Comercial otorgó herramientas a los jueces y abogadxs para mermar estas desigualdades.

 

La Ley Micaela💜 también hizo su aporte, y por suerte hoy contamos con funcionarios judiciales, como el Dr. Marcelo Quaglia, que sí tienen en cuenta la PERSPECTIVA DE GÉNERO al ejercer sus funciones.

 

Desde hace mucho tiempo, los quehaceres domésticos fueron considerados un DEBER de la mujer, invisibilizando el gran aporte que significaba en el crecimiento económico de la familia.

 

Con este pronunciamiento judicial se ha reconocido que “Las tareas domésticas insumen una cantidad real de tiempo, lo cual debe ser traducido en un valor económico”.

 

Me emociona mucho haber sido parte de este caso. No es vano esforzarse y trabajar con pasión y convicción, siempre hay recompensa.

 

Deseo profundamente que esto sirva para que en lo cotidiano se valore de otra manera a los quehaceres del hogar, o mejor llamado, trabajo no remunerado.

 

A mi gran referente en el ejercicio de la profesión Osvaldo Marzetti y a mi mamá, quien me demostró el enorme valor de su trabajo💓

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

[1] Medina, Graciela: “Juzgar con perspectiva de género. ¿Por qué juzgar con perspectiva de género? y ¿Cómo juzgar con perspectiva de género?”, SJA 09/03/2016, 1 y “Vulnerabilidad, control de constitucionalidad y reglas de prueba, las “categorías sospechosas”: una visión jurisprudencial”, LA LEY 2016-F, 872.

[2] Caso año 2017, D.E c/ A.L.- “liquidación de sociedad de hecho” Juzgado Civil y de Familia, de 1a. Instancia de Villa María (provincia de Córdoba).

[3] Bauman, Zygmunt. Amor líquido: la mercantilización del amor en el siglo XXI. ¿Por qué las relaciones sentimentales parecen tener fecha de caducidad en nuestro tiempo?

[4 ] El cuidado cotidiano de los hijos tiene valor de cuota alimentaria. By Editor Nuevo Día Digital -22 septiembre, 2020.

[5] OIT (2018). El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente.

[6] Razavi, S. (2007). “The Political and Social Economy of Care in a Development Context. Conceptual Issues, Research Questions and Policy Options”. Ginebra, Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD).

*Erica Pérez es abogada por la Universidad de Buenos Aires y especializada en Derecho de Familia y Violencia.

**Josefina Paz Gaskín es Licenciada en Economía por la Universidad Nacional de La Plata y Especializada en Cuidados por ONU Women.

***María Belén Marzetti es abogada por la Universidad Nacional de Rosario e intervino como litigante en el caso comentado.